La Junta de Vecinos de Villa Olímpica, Unidad Vecinal Nº32

¿Para qué se constituye una Junta de Vecinos? Para promover la integración, participación y desarrollo de los vecinos de una localidad, según establece la ley 19.418. 

Pero ¿Qué pasa si una Junta de Vecinos hace exactamente lo contrario y promueve la discriminación, la desidia y el estancamiento de una comunidad? No pasa nada. Absolutamente nada. Porque la ley no establece mecanismos que obliguen a las Juntas de Vecinos a cumplir la ley. 

Así es nuestra Junta de Vecinos, la Nº32 de Villa Olímpica, Ñuñoa. Antidemocrática.  

El 27 de febrero del 2010, el terremoto dejó a 200 familias de la Villa Olímpica en la calle. Muchos de ellos se fueron: empacaron sus cosas y arrendaron departamentos en otros barrios, o se alojaron en casa de familiares y permanecen de allegados hasta el día de hoy. Sólo se quedaron los que no tenían a donde ir. Medio centenar de familias. Medio centenar de carpas.

 

Al día siguiente del terremoto, la reacción inmediata de las personas más damnificadas, fue acudir a la Junta de Vecinos, cuya sede social cuenta con tres salas, una de ellas de 70 metros cuadrados, y una cocina industrial. Pero la directiva de la Junta de Vecinos (JV), formada por Ramón Saavedra, Gabriela Rojas y Rosa Reyes, les negó la ayuda argumentando que la mayoría no eran socios. Tal como suena. En el peor terremoto de la historia de Chile, la Junta de Vecinos le negó la asistencia a los damnificados de la Villa Olímpica.

Acto seguido, los vecinos formaron una organización paralela para enfrentar la emergencia: la Asamblea de Vecinos por la Reconstrucción de la Villa Olímpica, a cuyas reuniones asistían más de 200 personas. 200 personas que debían juntarse en los patios de sus edificios inhabitables, porque las puertas de la sede social estaban cerradas. 

Empezamos a presionar entonces, para que se nos permitiera usar la sede, para que se abrieran los libros de registros y se inscribiera a aquellos damnificados que no eran socios; y para tener un diálogo constructivo con la Junta de Vecinos, que fuera en beneficio de la comunidad. Pero cada vez que los dirigentes de la Asamblea se acercaban a la sede social, la señora Gabriela Rojas, secretaria de la JV, llamaba a carabineros para amedrentarlos. Esto ocurrió en tres ocasiones, y las tres veces, Carabineros intercedió en favor de la Asamblea, argumentando que, según la ley, los vecinos teníamos derecho a usar la sede social. 

La última vez, un teniente de Carabineros propició un acuerdo entre ambas partes y se ofreció para ser testigos de fe de la apertura de los libros de registro de socios. Esto ocurrió el 9 de marzo. Al día siguiente, el día acordado por la Asamblea, la Junta de Vecinos y Carabineros para abrir los libros de registros; la sede social amaneció encadenada. La Junta de Vecinos se declaró en receso, entregó la sede al municipio y la sala de reuniones se convirtió en bodega.

Por esta razón, se organizó una manifestación pacífica el día 19 de marzo, a la que acudieron una veintena de dueñas de casa, el presidente de la Asamblea, Jaime Díaz, y William Rebolledo, secretario de la Asamblea y teniente (r) de la fuerza aérea. La acción concluyó sin incidentes, salvo un altercado verbal con funcionarios municipales. Carabineros se presentó en el lugar y en su hoja de ruta no hay constancia de acción violenta alguna, por el contrario, el documento establece que fueron los funcionarios municipales los que impidieron el acceso de los vecinos a la sede social. 

Ese mismo día, una vecina presentó una denuncia por violación de la ley 19.418, la cuál fue desestimada por la fiscalía, por no ser de su competencia. La misma denuncia se presentó ante el Juzgado de Policía Local, que la volvió a desestimar por la misma razón.

Diez días después, el Alcalde presentó una denuncia por toma de la sede social con violencia y atentado contra la autoridad, delito que tiene una pena de cinco años de cárcel. La denuncia puesta en contra de Jaime Díaz, presidente de la Asamblea, sigue abierta hasta el día de hoy, a pesar de que la fiscal Patricia Villablanca, tiene en su poder un video que demuestra que jamás hubo toma, jamás hubo violencia y jamás hubo atentado contra la autoridad.

Desde entonces, las acciones para impedir la participación ciudadana, han sido sistemáticas.

La Municipalidad de Ñuñoa ha negado el acceso a los estatutos y al registro de socios de la Junta de Vecinos Nº32, a pesar de tratarse de documentos públicos.

Las personas que desean inscribirse como socios en la Junta de Vecinos (JV), deben pasar por una comisión evaluadora que decide si aprueba o no su inscripción. ¿Quiénes forman parte de esta comisión, con qué criterio seleccionan, cómo y cuándo se reúnen, cuánto tiempo demoran en decidir? son preguntas que la JV simplemente no responde.

Un miembro del directorio de la JV fue destituido sin notificación, por participar en reuniones de la Asamblea.

Dentro de la Villa Olímpica, se han distribuido miles de volantes incitando al odio, llamando a no confiar en nuestra organización, argumentando que nos estamos "aprovechando de la desgracia ajena" y acusándonos de hacer proselitismo político. Estos mismos volantes demuestran que son ellos los que han ocupado todo su tiempo y energía, tratando de no perder a sus prosélitos. 

En dos ocasiones, funcionarios municipales agredieron físicamente al presidente de la Asamblea, Jaime Díaz. Ambas agresiones fueron registradas por la prensa; y en una de ellas, la secretaria de la Junta de Vecinos, Gabriela Rojas, fue parte de los agresores. Díaz puso una denuncia que acaba de ser archivada temporalmente por la fiscal Patricia Villablanca, sin efectuar las diligencias solicitadas por el demandante.

El último intento de agresión ocurrió el pasado martes 26 de octubre, cuando Jaime Díaz visitó la Junta de Vecinos para pagar sus cuotas como socio, y solicitar por enésima vez la sala de reuniones. El presidente de la JV, Ramón Saavedra, reaccionó expulsándolo del lugar y amenazándolo con un garrote.

No contentos con todo esto, han intentado boicotear los diálogos que ha establecido nuestra Asamblea con diversas autoridades locales y nacionales, enviando cartas insidiosas a nuestros interlocutores como el diputado Jorge Burgos y la senadora Soledad Alvear, a quienes acudimos buscando apoyos para reconstruir la Villa Olímpica. 

Y han mentido descaradamente a través de El Ñuñoino. Han dicho públicamente que nuestros socios han atacado al alcalde, a la directiva de la Junta de Vecinos, que el presidente de la Asamblea "ha intentado asaltar" la sede social; y que somos incontrolablemente violentos. Cómo ya se ha dicho, los únicos hechos de violencia que registra esta historia, son las agresiones sufridas por Jaime Díaz, el 4 y 5 de mayo pasado, difundidas por TVN y Chilevisión.

¿Se puede mentir impunemente? Si, se puede. Sobretodo cuando el afectado no tiene recursos para pagar un abogado y demandar al calumniador.

¿Se puede violar la Ley de Junta de Vecinos impunemente? Si, se puede. Durante el 2010, la Junta de Vecinos Nº32 ha violado los artículos  5º, 12º, 13º, 14º, 15º, 18º, 24º, 28º, 42º, 43º y 44º de la Ley 19.418 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias. Nosotros hemos denunciado los hechos a la Fiscalía, al Municipio y a la Contraloría, y hemos descubierto que no tenemos cómo defendernos de una Junta de Vecinos abusadora, discriminadora y sectaria.

Sin embargo, a pesar de todo lo aquí descrito, la Asamblea de Vecinos ha conseguido importantes compromisos del Serviu, los que han permitido avanzar en la reconstrucción de nuestro barrio. Y nuestra organización ha sido reconocida incluso por la misión de la ONU-Habitat - que vino a supervisar el proceso de reconstrucción-, "por su alto grado de arraigo territorial, organización, protección del patrimonio e iniciativas para el proceso de reconstrucción". En la memoria de esta misión se constata que la propuesta de la Asamblea, es una iniciativa que "requiere ser tomada en consideración y fortalecida para garantizar su sostenibilidad en el tiempo".